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Colaborando con la Justicia en Libertad. Buenas prácticas en el marco del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa.

La aplicación de criterios de la justicia restaurativa permite crear oportunidades educativas para que los adolescentes que entran en conflicto con la ley recuperen el camino. En este artículo ofrecemos algunas notas a partir de nuestra experiencia de trabajo.

Hace algunas semanas, en el marco del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un adolescente atendido por el equipo con el fin de conocer su percepción sobre la experiencia vivida.

Luego de conversar con él un rato, le preguntamos qué hubiera ocurrido en el supuesto caso de no haber llegado el abogado cuando fue detenido por la policía. Su respuesta fue: “Me hubieran mandado al escuelín”. El escuelín es el nombre con el que los adolescentes llaman a uno de los nueve centros juveniles cerrados existentes en el país.

Cuando le volvimos a preguntar sobre lo que pensaba acerca del escuelín (Centro Juvenil José Quiñones), él respondió: “Es bueno porque te enseñan, tienes talleres y estudias… No es tan bueno porque no estás libre… Ya no hubiera podido seguir trabajando, ni estar en mi barrio”.

Este es el caso de un adolescente de 17 años de edad que había sido detenido por haber ocasionado lesiones de moderada gravedad a otro joven del barrio. Sin embargo, nunca antes había tenido problemas con la ley, trabajaba apoyando a su familia y mostraba una actitud responsable ante lo ocurrido.

La comunicación y presencia oportuna del abogado del proyecto y de los padres del adolescente permitieron una valoración más objetiva de los hechos y de las condiciones de apoyo familiar, lográndose como resultado que el operador de justicia, en este caso el fiscal, confiara la custodia a los padres mientras durase la investigación respectiva.

Actualmente, el adolescente sigue trabajando para apoyar a su familia, asiste a sesiones de orientación con el equipo del proyecto y ha participado en un proceso de mediación con el agraviado, haciéndose responsable por lo ocurrido y comprometiéndose a resarcir el daño causado, pagando los gastos médicos ocasionados. El equipo de defensa ha optado por proponer la desjudicialización del caso y solicitar la remisión fiscal, que está pronta a decidirse.

La libertad es un derecho fundamental y es uno de los valores más preciados del ser humano. Por eso es que la ley intenta siempre ser muy prudente y justa al establecer los criterios para restringir o privar temporalmente tal derecho, más aún en casos de menores de edad. A ellos se les reconoce su condición de sujetos en desarrollo, y a la sociedad se le exige cumplir el deber de proteger dicha condición.

Es por ello, también, que las normas internacionales y nacionales relativas a adolescentes en conflicto con la ley penal proponen la medida de internamiento como último recurso y por el menor tiempo posible, para evitar vulnerar los procesos de formación y socialización del adolescente en su entorno de origen, proponiendo más bien, de preferencia, apostar por recuperarlos y fortalecerlos.

Uno de los objetivos del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa es validar un modelo de atención a los adolescentes en conflicto con la ley adecuado a nuestra realidad, que contribuya a que esta norma se pueda cumplir con eficacia y eficiencia, en el entendido que, desde la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes, no ha sido fácil para el Sistema de Administración de Justicia Juvenil aplicarla siempre y con éxito, sobre todo porque, para lograrlo, requiere de la adecuación efectiva de los modelos de intervención vigentes.

Luego de un año de haber iniciado la aplicación del proyecto en dos zonas piloto del país1, constatamos que es posible y viable decidir el internamiento como última medida, o más bien dicho, lograr la colaboración con la justicia en condiciones de libertad haciendo uso de otros recursos legales y técnicos como son: la posibilidad de confiar la custodia del adolescente a sus padres, aplicar la remisión o una medida alternativa a la privación de la libertad, o incluso incorporando la mediación como herramienta que tiene un importante efecto educativo en la construcción de relaciones sociales más pacíficas.

Entre el mes de marzo de 2005 y junio de 2006 se ha logrado garantizar el derecho a la defensa a un total de 183 adolescentes, de los cuales 123 fueron considerados casos que no reunían condiciones jurídicas para decidir el internamiento como medida preventiva. Todos ellos iniciaron su participación en las actividades del proyecto mientras duraba la etapa de investigación fiscal o judicial, habiéndose logrado luego que a un total de 24 se les aplicara la remisión, sustentada en una valoración más objetiva
de la infracción y en una evaluación más profunda de las condiciones personales del adolescente y de su entorno, sobre todo, familiar. Los demás casos, se encuentran aún en espera de una decisión de la justicia.

Si pudiéramos señalar cuáles son algunas de las prácticas metodológicas que están permitiendo que este modelo vaya logrando buenos resultados, mencionaríamos en principio cinco, sin las cuales tal vez hubiéramos puesto en riesgo probable la efectividad de la norma:

I. Una defensa oportuna y eficaz, basada no sólo en la asistencia legal inmediata sino en la generación de información objetiva y relevante para la toma de decisiones sustentada y coordinada con el operador de justicia, de acuerdo a ley.
II. La comunicación inmediata a los padres o responsables del adolescente, cuya presencia y apoyo oportuno es indispensable para confiarles la custodia mientras dure la investigación y una vez establecida la medida.
III. La atención social y educativa del adolescente desde que se inicia la investigación fiscal o judicial, garantizando con ello una valoración más integral de su situación personal y la promoción de actitudes responsables ante su situación y la justicia.
IV. La coordinación y articulación de servicios y programas comunitarios que apoyen el proceso de integración del adolescente.
V. Finalmente, pero tal vez lo más importante: garantizar en todo momento y en la medida de lo posible, la opinión y elección libre del adolescente con relación a su participación en el proyecto, manteniéndolo siempre informado sobre el tipo y alcance de la asistencia que se le brinda así como de las consecuencias de su cumplimento o no con la justicia.De esta manera se ha logrado, en la mayoría de casos, que el adolescente desarrolle actitudes más conscientes sobre su situación jurídica, se esfuerce por superar su problema cumpliendo con la justicia y opte por aprovechar las oportunidades de desarrollo que se promueven a través de su acceso a programas sociales de su localidad de origen.


Estas buenas prácticas queremos proponerlas para la reflexión y validación en otros lugares del país, pensando sobre todo en que, en un futuro mediato, quisiéramos escuchar a los adolescentes decir que haber infringido la ley y ser detenidos por la policía no siempre significa, luego, ser internados en un centro juvenil cerrado, alejarlos de su familia, escuela o trabajo, o privarlos durante un tiempo de oportunidades de desarrollo e integración en su propia comunidad, sino abrirles las posibilidades para una recuperación efectiva de su conducta en el seno mismo de la sociedad.

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1 Distrito de El Agustino (Lima) y Distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo).

Por Olga Salazar
Psicóloga y Coordinadora del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa de Terre des hommes y Encuentros Casa de la Juventud.


Este artículo fue publicado en Justicia Para Crecer. Revista Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa. No. 4. Octubre-Diciembre 2006. Lima, Perú. http://www.justiciaparacrecer.org/

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