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Asistencia a la Víctima

Necesidades de la Víctima

Los programas de asistencia a víctimas brindan servicios a éstas a medida que se recuperan del delito infligido contra ellas y avanzan en el proceso de justicia penal. Los esfuerzos por satisfacer las necesidades de las víctimas se han realizado en dos frentes: el grupo de presión de los defensores de los derechos de las víctimas apunta al ejercicio del derecho que poseen éstas a desempeñar un rol preponderante en la administración de justicia (Karmen, 1992), en tanto que los grupos comunitarios de contención abordan las crisis personales que pueden surgir como consecuencia de la victimización (Van Ness y Strong, 1997 en 113).  

Propósitos  

Se ha sugerido que los programas de asistencia a víctimas apuntan a una serie de propósitos: brindar representación legal a las víctimas del delito, de modo tal que no sean victimizadas nuevamente por el abandono que el sistema hace respecto de ellas (Rowland, 1992); satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de la víctima (Van Ness y Strong, 1997); y, en última instancia, otorgar a las víctimas la posibilidad de tener una buena reintegración en la sociedad como individuos que se han recuperado (Van Ness y Strong, 1997).  

Implementación y Evaluación  

Defensa de los Derechos  


Quienes defienden los derechos de las víctimas reconocen un conflicto de intereses que, según afirman, surge cuando el  fiscal afirma representar tanto al Estado como a la víctima (Rowland, 1992 en 191). Esto  ha dado lugar a la aparición del campo de la representación de víctimas del delito (Rowland, 1992). Por ejemplo, el Estado puede ofrecer una  negociación al delincuente que sea inaceptable para la víctima, pero la víctima no posee injerencia alguna en la decisión. Es más, el delincuente puede ser castigado en modos que satisfacen la necesidad de retribución del Estado, sin realizar reparación alguna a la víctima.  

Algunos defensores de las víctimas afirman  que éstas deberían tener derecho a ser representadas por asesores jurídicos durante todas las etapas del proceso; es decir, que las víctimas deberían ser consideradas parte interesada con legitimación procesal (Rowland, 1992 en 181). Otros recomiendan  que, mínimamente, las víctimas puedan tener acceso a la información en todas las etapas del proceso; reciban una reparación por parte del delincuente por los daños causados y; puedan realizar declaraciones de impacto  una vez que el delincuente es declarado culpable.  

Servicios Materiales/ Psicológicos  

Los traumas físicos y psicológicos relacionados con el delito pueden hacer que cumplir con las responsabilidades diarias sea difícil para las víctimas (Van Ness y Strong, 1997 en 112-113). Algunos programas de asistencia a víctimas respondieron a esto intentando satisfacer las necesidades materiales y psicológicas de éstas. Por ejemplo,  una víctima que sufre Síndrome por Stress Post Traumático (PTSD) podría ser puesta en contacto con personal especializado en el área de salud mental. Una víctima de robo podría necesitar el apoyo de grupos comunitarios que se ofrecen a reemplazar cerraduras y bisagras rotas. El Estado de Minnesota asigna fondos a  servicios dedicados a abordar las crisis de las víctimas de abuso sexual (Knopp, 1991 en 190).  

“Neighbors Who Care” – NWC (Vecinos A Los Que Les Importa), es un ejemplo de una organización basada en la iglesia que asiste a las víctimas del delito ofreciendo ponerlas en contacto con mecanismos y servicios de contención brindados por la iglesia en los primeros días posteriores a la victimización (Van Ness y Strong, 1997 en 129).

 

Este documento fue preparado por Christopher Bright. Prison Fellowship International, 1997

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