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Restitución

Historia  

La restitución institucionalizada data de la antigüedad (Karmen, 1990 en 279). Bajo el Código Babilonio de Hammurabi (1750 a.C.) las víctimas tenían derecho a recibir pago por determinados delito contra la propiedad. La ley Mosaica requería que los delincuentes pagaran a las víctimas los bueyes que les habían robado. La ley romana de las Doce Tablas (449 a.C.) prescribía el cronograma de pagos en caso de robo de propiedad según cuándo y bajo qué circunstancias el ladrón hubiera robado y entregado los bienes. En el caso de delitos violentos, los códigos de Medio Oriente, como el código Sumerio de Urnammu (2050 a.C.) y el Código de Eshnunna (1700 a.C.) requerían la restitución (Van Ness y Strong, 1997 en 8). En Gran Bretaña, en el siglo IX, los delincuentes debían restaurar la paz haciendo pagos a la víctima y su familia (Karmen, 1990 en 280).  

El propósito primordial de la restitución institucionalizada era evitar la violencia de las represalias contra el delincuente, ofreciendo una reparación más "civilizada" (279-280). Sin embargo, en Occidente, con el crecimiento de la aristocracia feudal y la nación, los funcionarios reales comenzaron a considerar el empleo de  multas (en un intento por incrementar las arcas), por tomar decisiones en caso de agravios y proteger a los delincuentes de posibles represalias. Eventualmente, estas multas comenzaron a  exceder la restitución pagada a la víctima (280). Finalmente, con el desarrollo del supuesto de las funciones de investigación, enjuiciamiento y observación por parte del estado moderno, el delito comenzó a tratarse principalmente como una interrupción de la seguridad del estado (280-281); las dificultades financieras de los particulares ya no fueron de vital importancia en los tribunales penales (281). La restitución a la víctima había caído en desuso.  

Con el mayor reconocimiento a la víctima, varios filósofos jurídicos y criminológicos, contándose entre ellos quienes trabajan en procesos de reforma penal, solicitaron la reinstauración de la restitución como sanción penal  (281-282). Entre éstos, Margery Fry recibe el crédito por haber llevado a la restitución al primer plano en este debate en el siglo XX (Van Ness, 1986  en 170-171).  

Definición  

En un sentido tradicional, la restitución ha sido definida como "un pago monetario que el delincuente hace a la víctima por el daño que fuera, razonablemente, consecuencia del delito" (Galaway y Hudson, 1990 en 34-35). La restitución a la víctima puede realizarse en pagos monetarios y servicios en especie (Van Ness y Strong, 1997). Según un diccionario jurídico, el “Black's Law Dictionary”  (1968), restitución es "Acción de restaurar; devolución de algo a su legítimo dueño; acción de hacer el bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; indemnización" [1477].  

Beneficios; Propósitos
 

Según Weitekamp, la restitución involucra de modo proactivo a víctima y delincuente para  la reparación del daño realizado a la víctima (Weitekamp, 1992 en 82). Bakker afirma que, a diferencia de las respuestas retributivas frente al delito, la restitución tiene la potencialidad de reparar el daño financiero y, tal vez, también el daño que el delito causó en las relaciones (Baker, 1994 en 71-73). Evarts afirma que la restitución es preferible debido a que, en lugar de simplemente incrementar el  daño total sufrido por ambas partes, apunta a hacer una reparación a la víctima y a hacer del delincuente una persona productiva (Evarts, 1990 en 16-20). La restitución provee una sanción que se encuentra más claramente relacionada con el delito que las medidas punitivas, y reposiciona de mejor modo a la víctima en el lugar que ésta ocupaba antes del delito (Bakker, 1994 en 1490).  

La restitución sirve para conmemorar el gesto de reparación y el reconocimiento del delito (Danieli, 1992 en 210-211). En lugar de ignorar completamente el daño realizado a los particulares, la restitución reconoce e intenta reparar el daño que éstos hayan sufrido. Mientras que las respuestas retributiva y rehabilitativa no abordan el daño sufrido por la víctima, la restitución, cuando se la utiliza como resultado de un proceso restaurativo, apunta primordialmente a la reparación que debe hacerse a la víctima. Por lo tanto, se dice que la restitución satisface de mejor modo la necesidad de reivindicación de la víctima, dado que el delincuente debe reconocer y responder por  la ofensa personalmente (Bakker, 1994 en 1498).  

Potencialmente, para el delincuente, la restitución no debe ser sólo menos punitiva que el encarcelamiento, sino que debe ser además más rehabilitadora. (Weitekamp, 1992 en 83). Permite al delincuente expresar su culpa de un modo concreto. Brinda una sanción alternativa con mucho menos estigmatización que la que causa el encarcelamiento (83), en última instancia, facilitando la reintegración. La restitución afirma la autoestima del  delincuente, al darle la oportunidad de "hacer las cosas bien " (Boers, 1992 en 95-99).  

Implementación  


Un estudio determinó la existencia de cuatro tipos básicos de programas de restitución: la restitución impuesta como una obligación dentro de los programas de asistencia a víctimas - testigos, organizados por los fiscales; VORPs organizados por grupos de apoyo comunitario sin fines de lucro que buscan la restitución como consecuencia de un proceso de reconciliación; programas de restitución/ empleo conducidos por departamentos de libertad condicional y; la restitución como parte de un programa de rutina de supervisión de la libertad condicional (Karmen, 1990 en 285).  

En Estados Unidos, el programa “Earn-It” (Gáneselo), en Quincy, Massachusetts,  combina  órdenes de restitución  (programadas, monitoreadas y ejecutadas por los tribunales de menores) con el apoyo de la comunidad empresarial local para la contratación de menores en libertad condicional para la realización de trabajos  pagos. Parte del dinero obtenido se emplea para pagar la restitución ordenada por el tribunal (Van Ness, 1986 en 159-162). La pérdida real sufrida por la víctima y la capacidad de pago del delincuente se consideran en el cálculo de la restitución. En aquellos casos en que el delincuente no puede pagar la totalidad de la restitución, es posible suplir la diferencia con un  plan compensatorio.  

Evaluación  


Al efectuar una comparación con delincuentes similares procesados a través del sistema de justicia de menores, el programa “Juvenile Court Diversion” (Derivación del Tribunal de Menores) de Vermont mostró índices de reincidencia significativamente menores al utilizar la restitución como sanción alternativa al encarcelamiento o a la libertad condicional intensiva (Rowley, 1990 en 217). Un estudió mostró que, al ser  buscados como resultado de un proceso VORP, el 95% de los encuentros de mediación daban como resultado acuerdos de restitución exitosamente negociados (Bakker, 1994 en 1490). Sus defensores también dan como ejemplo evidencia de que las sanciones basadas en la restitución pueden reducir la población carcelaria y el índice de reincidencia en mayor grado que el encarcelamiento. (Bakker, 1994 en 1490).   

Sin embargo, la restitución enfrenta muchos obstáculos antes de lograr su implementación efectiva. Muchos delincuentes nunca son atrapados, enjuiciados, declarados culpables; y, en el caso de aquellos que sí reciben un fallo condenatorio, con frecuencia la restitución no puede ser monitoreada y ejecutada (Karmen, 1990 en 286-87). La mayoría de las jurisdicciones no poseen una tradición de pedido de restitución, ni los mecanismos a fin de asegurar su cumplimiento –rara vez se ordena una restitución y aún más raro es su cumplimento (288). Otros han criticado los programas existentes de restitución por poseer criterios de selección demasiado restrictivos y por no actuar realmente como una alternativa frente al encarcelamiento (Weitekamp, 1992). La mayoría de los programas, como un autor señala, parecen ser empleados con delincuentes blancos de clase media (83-84). La aplicación no sistemática hace que los programas de restitución sean aún menos efectivos (83).  

Una investigación similar en Nueva Zelanda demostró que la restitución era muy poco usada. Los funcionarios esgrimían las siguientes razones: los delitos violentos impedían que se considerara la reparación como sanción; la restitución no podía responder por el daño emocional; el sistema no lo consideraba como una sanción independiente; no lograba objetivos retributivos (Jervis, 1996).  

Los modelos británicos también muestran una "ambivalencia fundamental" con respecto al rol de la restitución en la sentencia (Marshall, 1990 en 83). Muestran la dificultad que enfrentan estos programas para mantener una visión restaurativa dentro del tradicional sistema de justicia penal existente. Hay quienes reconocen la aplicación de la restitución como mero  "decorado " para complementar otras sanciones que son impuestas en primer término (Shapiro, 1990 en 73).  

Mantener una Visión Restaurativa   

El modelo ideal para la restitución como resultado de un proceso restaurativo sería hacer que la restitución fuera normativa, a menos que existiera una razón imperiosa predominante (Van Ness y Strong, 1997 en 148-149). Por ejemplo, el encarcelamiento puede imposibilitar el pago de la restitución, pero una sanción menos inhabilitadora (como la libertad condicional supervisada) permitiría que el delincuente realice la reparación a la víctima. Si éstas fueran las dos únicas alternativas posibles, la segunda sería la elegida (a menos que el delincuente representara un riesgo tan elevado para la sociedad que el único modo efectivo de tomar recaudos contra la manifestación de dicho riesgo fuera el encarcelamiento).   

En lugar de esto la restitución es, con frecuencia, una sanción complementaria al  encarcelamiento, la libertad condicional, las multas y otras sanciones generalmente impuestas por el sistema de justicia penal. Si la reparación no es la meta primaria de la  justicia, la restitución corre el riesgo de ser empleada a fin de fortalecer motivaciones retributivas o rehabilitadoras o, peor aún, como "decorado" con el propósito de satisfacer motivaciones políticas. Los políticos pueden utilizar la restitución como un modo de apaciguar los movimientos en defensa de los derechos de las víctimas, cuando, en realidad, la restitución no posee efecto reparador alguno dentro del sistema de justicia penal tradicional.  

Los escépticos afirman que si la restitución fuera normativa, no podría ser cumplida debido a que la mayoría de los delincuentes simplemente no pueden pagar la restitución. Sin embargo, un estudio mostró un índice de cumplimiento promedio del 68%, y otros estudios sugieren que incluso habiendo incluido delincuentes de bajos ingresos, son relativamente pocas las órdenes de restitución que no pueden ser cumplidas debido a incapacidad de pago del delincuente (Van Ness y Strong, 1997 en 149). Sin embargo, en caso de que el delincuente no pueda pagar, un fondo de indemnización complementaría la diferencia.

 

Este documento fue preparado por Christopher Bright.  Prison Fellowship International, 1997

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